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La creciente preocupación por el medio ambiente y la urgente necesidad de su protección en el contexto global y local, especialmente en áreas sensibles como el Pantanal Chaco, subraya la importancia de este programa. La capacitación sobre el Acuerdo de Escazú, justicia ambiental, y legislación ambiental es fundamental para empoderar a las comunidades locales, líderes comunitarios, equipándolos con el conocimiento y herramientas necesarias para defender eficazmente su territorio. Este programa no solo busca informar sobre los derechos y obligaciones bajo la legislación ambiental vigente sino también fomentar una práctica activa y efectiva de la defensa del medio ambiente. La promoción de la justicia ambiental es clave para garantizar un desarrollo sostenible que beneficie a las presentes y futuras generaciones, asegurando la conservación de biodiversidad y la protección de los derechos de las comunidades indígenas y locales frente a los desafíos ambientales contemporáneos. La formación de Promotores Comunitarios de Justicia Ambiental es crucial para fortalecer las capacidades de las comunidades, especialmente indígenas, en la defensa de sus derechos fundamentales y territorios. Los promotores de justicia comunitaria actuarán como puentes entre la comunidad y el sistema de justicia, facilitando el acceso a la justicia y la protección ambiental. Al estar equipados con conocimientos sobre legislación, tratados internacionales y derechos indigenas pueden liderar acciones efectivas en defensa del medio ambiente y derechos indígenas, contribuyendo a una gestión sostenible de recursos naturales y fomentando la participación ciudadana en procesos de toma de decisiones. Este programa se alinea directamente con los principios y objetivos del Acuerdo de Escazú, al cual Bolivia es signataria, promoviendo el acceso a la información, participación pública y justicia en asuntos ambientales. La capacitación de Monitores Comunitarios de Justicia Ambiental refuerza estos compromisos, fomentando la inclusión y empoderamiento de comunidades locales y pueblos indígenas en la gestión ambiental y la defensa de sus derechos. Así, contribuye a la implementación efectiva del Acuerdo, asegurando que Bolivia cumpla con sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos y protección ambiental.